El pasado 18 de mayo el Tribunal Supremo ratificó el derecho de los autores de libros, discos y obras audiovisuales a ser remunerados por los préstamos de sus obras en determinadas bibliotecas.

En el año 1992 la Unión Europea aprobó la Directiva 92/100/CE, que reconoce el derecho exclusivo del autor a autorizar o prohibir el préstamo. Posteriormente, este derecho fue incorporado al ordenamiento jurídico español y, según una ley de 2007, solamente debían abonar la remuneración las bibliotecas públicas ubicadas en municipios de más de 5.000 habitantes. Mediante un Real Decreto de 2014 se fijó una tarifa definitiva, ahora ratificada por la reciente sentencia del TS.

Por el momento, la gran mayoría de ayuntamientos del resto de España no está haciendo efectivo este pago por lo que CEDRO, aunque valora muy positivamente el fallo del Tribunal Supremo, considera que es necesario un cambio legal que simplifique la gestión de este derecho.

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